Ante la citación realizada por la Corte Constitucional para el 13 de abril del 2025, donde el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tiene que explicar el porqué no ha cumplido el mandato de esa entidad, relacionada con el alza de los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como le fue ordenado, diversas organizaciones relacionadas con el sector salud se reunieron frente a la entrada de la Corte Constitucional para dar a conocer sus inconformidades, ya que ellos son víctimas directas del manejo de los recursos, realizados por las EPS, los cuales no les llega para las actividades que cada sector realiza en sus respectivas tareas.
Asistieron: el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, SINDES.
Sindicato Nacional de Salud y seguridad social, CUT Nacional-
Federación Médica Colombiana.
Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.
Pacientes Francisco Castellanos
Corporación para la Salud Popular Guillermo Ferbusson
Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional
Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC-CUT
Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales,
Clinicas y Consultorios, ANTOC
La solicitud que realizan las organizaciones es que la UPC, que cada año paga la Administradora de recursos del Sector Salud, ADRES es suficiente y ha sido aprobada según las mesas de trabajo que se realizaron en el año 2025 con otros actores del sector incluidas las EPS.
La UPC, es el pago que se entrega por cada uno de los inscritos en las EPS para cubrir el Plan de beneficios en salud, (PBS) que garantiza servicios, consultas, medicina, hospitalización, ajustado a edad, género y ubicación, establecido por la Resolución 2717 de 2024.
El aumento de la UPC, disminuye recursos que no están en el plan económico del ministerio, teniendo en cuenta que salen de los impuestos de los colombianos y cuando llegan a las EPS, no tienen ninguna auditoria y no se conoce como son invertidos, sin embargo, clínicas y hospitales públicos y privados cuentas con cuentas por cobrar que no pagan las EPS y los ha llevado al cierre de servicios, a deuda de salarios y escasa administración del servicio.